La protección personal y la inmunidad diplomática de la jurisdicción penal siguen siendo uno de los problemas más problemáticos del derecho diplomático moderno. Dichos privilegios especiales han protegido durante largo tiempo a los representantes diplomáticos y otros funcionarios extranjeros de la interferencia con su libertad, que puede ser inherente al procedimiento penal, cuyo objetivo es la restricción de la libertad financiera o personal en aras del castigo o la disuasión. Sin embargo, la práctica cotidiana indica que tanto los estados como los agentes diplomáticos aún tienen problemas para interpretar las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Inmunidad Diplomática.